JACD
Diamante
A lo largo de los últimos años hemos visto cómo las diferentes versiones del canon digital impulsado por diferentes administraciones españolas iban apareciendo y despareciendo de la legalidad.
Tras dos intentos anteriores, según informa El País, el gobierno habría llegado a un principio de acuerdo con las entidades de gestión de los derechos de autor.
Un impuesto a móviles y dispositivos de grabación
De forma similar a como sucedía hasta el 2011 los precios de aparatos susceptibles de ser usados para grabar obras con derechos de autor tendrán un coste añadido, una suerte de impuesto que aumentará su precio. Entre otros se verán afectados:
Móviles
Ordenadores
Discos duros
Reproductores con memoria interna
CDs
Tarjetas de memoria
No obstante, en esta ocasión las empresas y las organizaciones públicas no se verán afectadas por este recargo y los usuarios particulares que demuestren que no harán uso de estos dispositivos para almacenar el tipo de contenido que se especifica en el acuerdo podrán pedir la devolución del importe.
Ya no pagarán todos los ciudadanos, pero tampoco los que hagan uso de este derecho
Este movimiento se ha dado tras la sentencia del Tribunal Constitucional en contra del anterior canon que se financiaba mediante los presupuestos generales del estado.
Esa norma fue revocada por injusta, ya que hacía pagar a todos los españoles por un concepto que no se les podía aplicar.
Con la nueva propuesta el pago deberán realizarlo las empresas fabricantes de estos dispositivos que decidirán si repercuten ese gasto en el precio final, lo cual sería lo más lógico.
El problema es que así también se cobrará a cualquiera que compre un dispositivo de almacenamiento haga o no haga uso del mismo para esos fines. En la práctica pocos serán los usuarios que pidan la devolución del impuesto, aunque no hagan uso de sus dispositivos para eso.
El 1 de enero de 2017 empieza su aplicación
Al parecer el gobierno tiene intención de que esta nueva medida entre en uso el primero de año, pero para ello necesitará el apoyo del Consejo de Ministros, así como del resto de ministerios afectados por la norma.
Con la formación actual del Parlamento está por ver que este acuerdo no se modifique de alguna manera para aumentar el arco de apoyos de cara a que no haya una cuarta modificación.
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