La cosa se complica cada vez más para el origen del teléfono más barato del mundo, el Freedom 251, que costará menos de 3,5 euros al cambio. Tras el lío de falsificación y licencias que llevó a la policía a las oficinas de la compañía, actualmente el Partido Popular de la India ha interpuesto una demanda que ha sido admitida a trámite.

Una ocasión que se une a la verificación hace algunas semanas de que no existe ninguna asistencia pública ni subvención al proyecto, por lo que el costo se consigue por completo a través de la táctica de ingresos y costes. Y 70 millones de individuos se interesaron por las reservas.


La policía de la localidad de Noida, donde está la sede de Ringing Bells, ha abierto diligencias según el modelo local FIR (First Information Report), por el que reclama la comparecencia tanto del propietario de la empresa, Mohit Goel, según de su presidente, Ashok Chaddha. NDTV anuncia de que ha sido constituido bajo el caso de estafa, la sección 420 del Código Penal indio.

Contradicciones en el Partido Popular indio
La actuación policial se ha cargo en marcha tras la denuncia del líder del BJP (Partido Popular Indio), Kirit Somaiya, por el peligro de estafa que esconde este producto con un valor imposible. Curiosamente fue Murli Manohar Joshi, uno los veteranos más destacados del partido, el que avaló este plan e también compartió en la presentación del Freedom 251. Esa fue la razón que nos llevó a pensar de manera equivocada que Ringing Bells recibía financiación pública.

Goel ha declarado que su compañía va a colaborar con el estado en todo lo indispensable y ha cargo toda la documentación al servicio de la investigación. Pero no se ha echado atrás y continúa que van a seguir adelante con su plan: “vamos a proponer los artículos de calidad más económicos a nuestros clientes a través de una gama de smartphones, incluyendo el Freedom 251”.

¿A quién perjudica todo esto?
¿Qué está pasando aquí? ¿Tenemos a la policía obrando según protector de la población ante un caso de fraude potencial? Ringing Bells ha contribuido y demasiado a regalar esta captación con el envío de móviles falsificados a la prensa y con la falta de argumentación sobre su modelo de negocio, del que solamente han mencionado que es capaz de generar beneficios mediante su ecosistema de apps. Empezar a ejecutar anteriormente de tener las licencias, según ya os contamos, tampoco fue una justa idea.


¿O acaso está la policía favoreciendo a los gigantes de la industria ya consolidados y está impidiendo que un producto tan barato y asequible democratice la tenencia de un smartphone en el país con grande numero de individuos pobres del mundo? Porque la ley debe ser igual para todos, vaya por delante, pero si este plan tuviera futuro, por el bien de su población el Estado debería ayudar a que arrancase en vez de poner palos en las ruedas.

El silencio es la peor de las estrategias para la compañía india. Si ciertamente están fabricando los móviles y están planteando distribuirlos, ya sea al costo fijado o subiéndolo para tener viabilidad, lo más sencillo sería enseñar los contratos de cooperación con las ensambladoras y suministradoras chinas. Dado que ya han identificado que inclusive finales de año no tendrán su infraestructura de fabricación, podría bastar con presentar abiertamente cómo están funcionando inclusive entonces.

Ahora, con la demanda interpuesta, todo eso ocurrirá ante la policía local pero no de manera pública. Mientras tanto, la inquietud ya está actual en toda la red y esos 70 millones de compradores potenciales podrían echarse atrás. Aunque solamente sean algunos euros, para su destinatario primordial esas 251 rupias son esenciales.

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